Oficio 220-115759 de 2013

(Agosto 19)

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

ASUNTO: COBRO DE SENTENCIAS PROFERIDAS EN PROCESO ORDINARIO LABORAL CONTRA UNA SOCIEDAD SOMETIDA AL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA- LEY 1116 DE 2006

Me refiero a su escrito, recibido vía correo electrónico, radicado en esta Entidad con el número 2013- 01- 280059, mediante el cual formula una consulta relacionada con el cobro de sentencias proferidas en proceso ordinario laboral contra una sociedad sometida al régimen de insolvencia empresarial, en los siguientes términos:

1.- Cuál es el procedimiento a seguir para reclamar el pago de sentencias proferidas en procesos ordinarios laborales, no tenidos en cuenta como créditos litigiosos al momento de realizarse la graduación de créditos.

2.- Es procedente la iniciación de procesos ejecutivos en contra de sociedades en reorganización.

3.- A quién y de qué forma se debe notificar la iniciación de un proceso de ejecución en contra de una sociedad en proceso de reorganización.

Al respecto, me permito manifestarle, de una parte, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es función de la Superintendencia de Sociedades la de absolver las consultas de carácter general y abstractas que se le formulen sobre temas de derecho estrictamente societario regulado por la legislación mercantil, y no sobre temas contractuales, procedimentales o jurisdiccionales, y de otra, que según Sentencia C-1641 del 29 de noviembre de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero, no le es dable a la Entidad como autoridad administrativa intervenir en asuntos de los cuales haya de conocer en ejercicio de facultades jurisdiccionales, en relación con los cuales se debe pronunciar como juez en las instancias procesales a que haya lugar.

No obstante lo anterior, este Despacho se permite, a título meramente informativo, hacer las siguientes precisiones jurídicas, a la luz de la Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta que la consulta planteada se refiere a un proceso de reorganización empresarial:

i) El artículo 25 ibídem, prevé que Los créditos litigiosos y las acreencias condicionales, quedarán sujetos a los términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma clase y prelación legal, así como a las resultas correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo. En el entretanto, el deudor constituirá una provisión contable para atender su pago.

Los fallos de cualquier naturaleza proferidos con posterioridad a la firma del acuerdo, por motivo de obligaciones objeto del proceso de reorganización, no constituyen gastos de administración y serán pagados en los términos previstos en el mismo para los de su misma clase y prelación legal. En el evento de estar cancelados los de su categoría, procederá su pago, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del fallo.

ii) Lo anterior significa, que los créditos litigiosos y condicionales mientras no sean ciertos no podrán graduarse por falta de certeza, y una vez la obtengan deberán ubicarse dentro de las cinco clase previstas en el Código Civil y serán calificadas y graduadas por el juez del concurso. V. Gr., una obligación litigiosa laboral será de primera clase una vez la sentencia que reconozca la obligación al trabajador esté ejecutoriada y su pago se hará en las mismas condiciones establecidas en el acuerdo para los demás acreedores de su clase, en consonancia con la igualdad y respeto de la preferencia, sin que pueda pretenderse un pago inmediato o distinto si a la fecha de la sentencia el mismo no se ha producido para las restantes acreencias de la misma categoría.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que la aludida disposición consagra una regla útil para el proceso, según la cual las decisiones judiciales proferidas con posterioridad a la firma del acuerdo, y que tengan como causa obligaciones anteriores, no tienen la condición de gastos de administración, y en tal virtud no podrán pagarse en la forma prevista en el artículo 71 op. cit., quedando sujeta por consiguiente serán pagos en los términos previstos en el susodicho acuerdo para los de su misma clase y prelación legal, salvo que ya se hubieren cancelado los de su misma categoría, en cuyo caso su pago deberá hacerse dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del correspondiente fallo.

iii) De otra parte, es de advertir que al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 ejusdem, a partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Así los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales será tramitadas como objeciones, para efectos de la calificación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso, quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada.

iv) Del estudio de la norma antes descrita, se desprende que en atención al carácter universal de los mecanismos concursales, la misma dispone que a partir de la iniciación del proceso de reorganización no podrán admitirse nuevas demandas ejecutivas o continuarse con los procesos ejecutivos en curso contra el deudor.

Como se puede apreciar, se trata de una pérdida de jurisdicción y competencia para los jueces ordinarios, que se deriva del carácter universal del proceso de reorganización. Desde luego que esta prohibición no aplica para los procesos declarativos (salvo los de restitución de bienes), ni para los ejecutivos que promueva el deudor concursado.

v) Luego, contra una empresa que se encuentre adelantando un proceso de reorganización, no es posible, por expresa prohibición legal, instaurar contra la misma proceso de ejecución alguno, salvo que se trate de obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia, las cuales tienen el carácter de gastos de administración y en tal virtud deben pagarse de preferencia sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganización, lo que de no ser así podrá exigirse coactivamente su cobro, en los términos del artículo 71 de la Ley 1116 de 2006.