El
Ministro de Protección Social ha exhortado a las Entidades Promotoras de Salud de los regímenes contributivo y
subsidiado
mediante Circular 16 de 2014, a
dar estricto cumplimiento a los Acuerdos número 260 de 2004 y 365 de 2007 del
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, y las disposiciones legales posteriores,
que exceptúan del pago de cuotas moderadoras y copagos a los siguientes grupos
de población:
1. Las personas con
discapacidad mental que tienen derecho a los servicios de salud de manera
gratuita, a menos que su patrimonio directo o derivado de la prestación
alimentaria, le permita asumir tales gastos (Ley 1306 de 2009[1],
artículo 12).
2. Los beneficiarios de
la Ley 1388 de 2010[2] (artículo 4,
parágrafo 2), que de conformidad con lo previsto en su artículo 2, corresponden
a:
a) La población menor de
18 años a quien se le haya confirmado, a través de los estudios pertinentes, el
diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades, certificado
por el Onco-Hematólogo Pediátrico, debidamente acreditado para el ejercicio de
su profesión, de acuerdo con la normatividad vigente;
b) La población menor de
18 años con diagnóstico confirmado y certificado por el Onco-Hematólogo
Pediátrico de Aplasias Medulares y Síndromes de Falla Medular, Desórdenes
Hemorrágicos Hereditarios, Enfermedades Hematológicas Congénitas, Histiocitosis
y Desórdenes Histiocitarios;
c) La población menor de
18 años, cuando el médico general o cualquier especialista de la medicina,
tenga sospecha de cáncer o de las enfermedades enunciadas en el literal
anterior y se requieran exámenes y procedimientos especializados, hasta tanto
el diagnóstico no se descarte.
3. Las personas mayores
de edad, en relación con la práctica de la vasectomía o ligadura de trompas
(Ley 1412 de 2010[3], artículos 2 y 3).
4. Los niños, niñas y
adolescentes de Sisbén 1 y 2, con discapacidades físicas, sensoriales y
cognitivas, enfermedades catastróficas y ruinosas que sean certificadas por el
médico tratante, respecto a los servicios y medicamentos de la parte especial y
diferenciada del Plan de Beneficios (Ley 1438 de 2011[4],
artículo 18).
5. Los niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia física o sexual y todas las formas de
maltrato, que estén certificados por la autoridad competente, respecto de los
servicios para su rehabilitación física, mental y atención integral hasta que
se certifique médicamente su recuperación (Ley 1438 de 2011, artículo 19).
6. Todas las mujeres
víctimas de violencia física o sexual, que estén certificadas por la autoridad
competente, respecto de la prestación de los servicios de salud física, mental
y atención integral, sin importar su régimen de afiliación, hasta que se
certifique médicamente la recuperación de las víctimas (Ley 1438 de 2011,
artículo 54).
7. Las víctimas del
conflicto armado interno en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011[5],
y las pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, en los términos del artículo 3 del Decreto-ley número 4635 de
2011, que se encuentren registradas en el Sisbén 1 y 2, en todo tipo de
atención en salud que requieran. En caso de no hallarse afiliadas a ningún
régimen, tendrán que ser afiliadas en forma inmediata al régimen subsidiado
(Ley 1448 de 2011, artículo 52, parágrafo 2; Decreto-ley 4635 de 2011[6] artículo
53, parágrafo 2).
8. Las personas con
cualquier tipo de discapacidad, en relación con su rehabilitación funcional[7],
cuando se haya establecido el procedimiento requerido, en concordancia con los
artículos 65 y 66 de la Ley 1438 de 2011 (Ley 1618 de 2013[8],
artículo 9, numeral 9).
9. Las víctimas de
lesiones personales causadas por el uso de cualquier tipo de ácidos o sustancia
similar o corrosiva que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el
tejido humano y generen algún tipo de deformidad o disfuncionalidad, respecto
de los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e
intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las
zonas afectadas (Ley 1438 de 2011, artículo 53A, adicionado por el artículo 5
de la Ley 1639 de 2013)[9].
[1] Por la cual se dictan normas para la protección de personas
con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de
Incapaces emancipados.
[2] Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en
Colombia.
[3] Por medio de la cual se autoriza la realización de forma
gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la
ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la paternidad y la
maternidad responsable.
[4] Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
[5] Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones.
[6] Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención,
reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
[7] La rehabilitación funcional es definida en el artículo 2°,
numeral 6 de la Ley 1618 de 2013, en los siguientes términos: “Proceso de
acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a lograr que las personas con
discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional
óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual psíquico o
social, de manera que les posibilite modificar su propia vida y ser más
independientes”.
[8] Por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
[9] Por medio de la cual se fortalecen las medidas de
protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona
el artículo 113 de la Ley 599 de 2000.
[10] Por medio de la cual se fortalecen las medidas de
protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona
el artículo 113 de la Ley 599 de 2000.
[11] Por medio de la cual se unifica la regulación respecto de
los lineamientos de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y de la Carta de Desempeño
de las entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado
y se dictan otras disposiciones.
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