viernes, 23 de marzo de 2018
miércoles, 21 de marzo de 2018
viernes, 16 de marzo de 2018
La Corte Suprema de Justicia se pronuncia respecto de las conductas que se categorizan y no, como pornografía con menores de 18 años.
Expediente 45868 de 7 de febrero de 2018. Corte Suprema de Justicia. Magistrado Ponente Dr. José Francisco Acuña Vizcaya.
“La reforma del artículo 24 de la Ley 1336 de 2009, amplió
el número de conductas, pues a las tradicionales de fotografiar, filmar,
vender, exhibir, el legislador agregó las de grabar, producir, divulgar,
ofrecer, poseer, portar, almacenar, trasmitir, exhibir e intercambiar. De igual
modo, el componente de material pornográfico pasó a denominarlo
representaciones reales de actividad sexual, y precisó que la iconografía
ilegal puede estar destinada al uso personal del agente o al intercambio que efectúe
con otras personas.
De esa manera, atendiendo la descripción actual del delito
de pornografía con personas menores de 18 años, se extrae la siguiente
composición general:
El sujeto activo es indeterminado, puede incurrir en esa
ilicitud cualquier persona, teniendo en cuenta que el agente no se encuentra
calificado por alguna circunstancia o condición jurídica en particular.
Por contraste, el sujeto pasivo exige una connotación
especial, en tanto debe tratarse de una persona menor de 18 años, titular de
pluralidad de intereses jurídicos afectados con esa ilicitud, los cuales pueden
corresponder a la libertad, integridad y formación sexuales, a la dignidad del
ser humano, la intimidad y la propia imagen.
En cuanto a su estructura, puede sostenerse que corresponde
a un tipo completo, teniendo en cuenta que describe las conductas prohibidas y
las sanciones que de ellas se derivan. Si bien no puede considerársele autónomo
ya que su cabal entendimiento y aplicación requiere la interpretación de los ingredientes
que lo particularizan, en rigor tampoco puede afirmarse que se trata de un tipo
penal en blanco, como quiera que el alcance de la prohibición, como sucede en
estos, no se aprehende de otras disposiciones del ordenamiento a las cuales
deba remitirse[1],
sino del análisis que permita establecer lo que debe entenderse por
representaciones reales de actividad sexual, expresión que, conforme se verá,
carece de definición legal.
En relación con el bien jurídico que se pretende amparar,
junto con la libertad, integridad y formación sexuales, los cuales refiere
expresamente el Título IV de la Parte Especial del Código Penal, y que
resultarían afectados en el acto mismo en que el agente fotografíe, filme, o
produzca por cualquier medio la iconografía pornográfica que implique menores
de 18 años, reclaman también especial protección, dada la condición de las
víctimas, los derechos a la intimidad, a la propia imagen y a la dignidad
consustancial a su condición de seres humanos, con clara potencialidad de ser afectados
si, además, el material en el que queden registrados se divulga, ofrece, vende,
compra, o si se exhiben o intercambien los elementos que dan cuenta del abuso a
los que fueron sometidos, incluso cuando el agente simplemente posee, porte o
almacene las ilícitas imágenes, pues no debe perderse de vista que la
pornografía acarrea la posibilidad de emplear el material que la contiene y, en
tanto ello ocurra, entrarán en peligro los mencionados derechos de los menores
afectados.
Conforme se adelantó, y es el objeto básico de este
pronunciamiento, la preceptiva del artículo 218-1 del Código Penal, acude a la
expresión representaciones reales de actividad sexual, en referencia al objeto
sobre el cual recaen las conductas de fotografiar, filmar, grabar, producir,
divulgar, ofrecer, vender, comprar, poseer, portar, almacenar, o intercambiar,
con las cuales se ejecuta el ilícito.
Se trata, también se dijo, de un elemento normativo que debe
ser valorado en orden a desentrañar su alcance y definir con claridad la
tipicidad del comportamiento en casos como el examinado.
Lo anterior implica partir del presupuesto de que la ley no
define la expresión representaciones reales de actividad sexual. Sin embargo,
se puede deducir sin dificultad que está referida a la pornografía, conforme lo
precisan el nomen iuris asignado por el legislador a ese tipo penal, el
contenido de la norma en cuanto tipifica, también, la alimentación de bases de
datos en la internet con pornografía infantil, y lo ratifica la redacción
original de la disposición que ligaba las diversas conductas criminalizadas al material
pornográfico en el que intervinieran personas menores de edad, aunque tampoco
allí se definía dicho término. Indefinición que parece común con otras
legislaciones[2],
si bien universalmente se aúnan esfuerzos para hacer frente a la pornografía
infantil[3],
problema de amplificada dimensión en el contexto universal, por la irrupción de
incesantes y novedosas tecnologías que han transformados las pautas de
producción de este tipo de material[4].
El referente pornográfico de las representaciones que han de
considerarse ilegales, se encuentra también en el derecho comparado[5].
a.)
En los Estados Unidos, país en el cual, en
términos generales, si bien se considera legal, corresponde a una temática de
amplia controversia jurídica y social, que cuenta, además, con decisiones de la
Corte Suprema que la erigen como una forma de libertad de expresión, subsumible
en lo preceptuado por la Primera Enmienda de la Constitución, salvo, por
ejemplo, cuando compromete a menores de edad, dada la especial protección que
les otorga el Estado. Así, la Protect Act 2003 tipifica, incluso, la pornografía
técnica o aparente y la realista o virtual, por lo que incluye dentro del
concepto el dibujo, el dibujo animado, esculturas o pinturas que representen
visualmente a cualquier menor participando en una conducta sexualmente
explícita que sea obscena, o que represente una imagen que sea o parezca ser un
menor involucrado gráficamente en conductas masoquistas, sádicas o zoofílicas,
ya sea por abuso o en una relación sexual, incluyendo contacto genital-genital,
oral-genital, anal-genital u oral-anal entre personas del mismo o diferente
sexo, y que carezca de valor literario, artístico, político o científico.
Además, el Código Federal de los Estados Unidos (2252 y 2252A) castiga la
producción, distribución, recepción o posesión de pornografía de personas
menores de edad, aún técnica, artificial, virtual o realista, si bien algunos
autores persisten en que con la sanción de la pornografía virtual (toda la que
no representa a un menor real) el Estado trata de regular el pensamiento, no
las acciones, lo cual, afirman, desconoce la primera enmienda. En forma
adicional, la Sección 2256 define la pornografía infantil como la
representación visual que supone la utilización de un menor de 18 años
involucrado en una conducta sexual explícita, real o simulada, incluida la
masturbación.
b.)
El Reino Unido, en términos generales, castiga
las imágenes prohibidas de menores, es decir, las pornográficas, aquellas que
son de tal naturaleza que se debería asumir razonablemente que han sido
producidas exclusiva y principalmente con propósitos de excitación sexual
c.)
En Alemania, se considera como material
pornográfico aquel que tenga por objeto comportamientos sexuales de, sobre o
ante menores de edad, la reproducción de un menor total o parcialmente desnudo
en una postura corporal innatural marcadamente sexual, y la reproducción
sexualmente provocativa de los genitales desnudos o de las nalgas desnudas de
un menor de catorce años[6].
d.)
El Código Penal francés (art. 227-23) castiga
a quien, con ánimo de difundir, fije, registre o trasmita la imagen o la
representación de un menor o que parezca serlo, cuando aquella presente
carácter pornográfico.
e.)
El
Código Penal italiano, con las modificaciones correspondientes al Convenio de
Lanzarote (L. 172 de 2012), entiende por pornografía infantil, toda
representación, por cualquier medio, de un niño o niña menor de 18 años de edad
involucrado en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda
representación de los órganos sexuales de un menor de 18 años con fines
sexuales (art. 600-ter).
f.)
Por
último, el Código Penal español (art. 189) establece que: “A los efectos de
este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido
utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección: a)
Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con
discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta
sexualmente explícita, real o simulada. b) Toda representación de los órganos
sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial
protección con fines principalmente sexuales. c) Todo material que represente
de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una
conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de
los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines
principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte
tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.
d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente
explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines
principalmente sexuales.”
De estas definiciones normativas, los estudiosos del tema,
guiados, sobre todo, por la legislación y la jurisprudencia norteamericanas[7],
entienden desde el punto de vista jurídico, que la pornografía corresponde a la
exposición, la imagen o representación de conductas sexuales explícitas,
dirigidas a generar excitación sexual, y que carece de todo valor literario,
artístico, informativo o científico.
Entonces, más allá de su definición etimológica[8], el
concepto de pornografía se sustenta sobre dos componentes esenciales[9].
1.- Un componente objetivo, referido a que las
representaciones deben ser de contenido sexual (comportamiento sexual
explícito) y puedan catalogarse de esa manera por el común de los observadores
al revelar comportamientos manifiestamente sexuales o conductas sexuales explícitas, las cuales al interior del Consejo
de Europa, acorde con el Convenio Sobre Ciberdelincuencia[10] y
el Informe Explicativo, aprobados por el Comité de Ministros el 8 de noviembre
de 2001, se considera que “abarca por lo menos las siguientes alternativas,
tanto en forma real como simulada: a) las relaciones sexuales, ya sea en forma
genital-genital, oral-genital, anal-genital u oral-anal, entre menores, o entre
un adulto y un menor, del mismo sexo o del sexo opuesto; b) la bestialidad; c)
la masturbación; d) los abusos sádicos o masoquistas en un contexto sexual, o
e) las exhibición lasciva de los genitales de un menor. Es indiferente el hecho
de que la conducta descrita sea real o simulada.[11]”[12]
De aquí se sigue que, incluso, la exhibición de los
genitales se considerará conducta sexualmente explícita, sólo si se presenta en
un contexto lascivo. La simple representación de los órganos sexuales, cuando
no revela la capacidad de conducir al observador a un escenario sexual, no
resulta pornográfica. De ahí que se afirme que los meros desnudos, las poses
sugestivas y las imágenes de los genitales o de la región púbica, que no puedan
reputarse exhibición lascivas, quedarían excluidas de la consideración de
pornografía, en tanto no cumplen con el primero de los requisitos del concepto,
es decir, poseer un carácter sexualmente explícito.[13]”
2.- En segundo lugar, el material pornográfico, para que lo
sea, debe estar destinado a la búsqueda de la excitación sexual, lo cual
significa que tiene un componente de finalidad objetivada presente en la propia
representación, que no depende, por tanto, de la intención de quien lo elabora
o utiliza posteriormente. Al respecto, Díez Ripollés, tras aclarar que representación
sexual y acción sexual, constituyen realidades distintas, toda vez que la
primera corresponde a un objeto material que tiene incorporado un determinado
significado, y la segunda nos ubica ante una acción final humana en la cual lo
determinante es la finalidad perseguida por el autor; en la representación
sexual, en cuanto objeto material con un contenido de significado, carece de
interés la tendencia de quien elabora o manipula la representación, ya que lo
significativo es la finalidad objetivada que se encuentra ínsita en ella.
Tendencia que, se reitera, ha de ser la de provocar la excitación sexual[14].
De esa manera, haciendo abstracción de las dificultades que
impiden dar un concepto preciso de pornografía, en consideración a los
elementos de diverso orden que pueden adscribirla en una categoría subjetiva (morales,
religiosos, culturales, etc.); debemos convenir que los componentes mencionados
permiten identificar, en el carácter sexual explícito de las descripciones y la
tendencia a la excitación sexual que produzcan las imágenes, la naturaleza
pornográfica de las representaciones reales de actividad sexual susceptibles de
penalizar por el artículo 218 del Código Penal.
Fuera de esa categoría se ubica la iconografía que no revele
el contenido y la finalidad indicados. Por ejemplo, las reproducciones de
desnudos que no descubran con lascivia los genitales, pues estas imágenes, por
sí solas, no exponen acciones de tipo sexuales ni gestos lúbricos que
despierten sensaciones de ese orden. Piénsese por ejemplo en la histórica
fotografía de “La Niña de Napalm” (the terror of war) que le mereció el
Pulitzer del 73 al reportero gráfico Huyhn Công Ùt (Nick Ut), la cual proyecta
una persona, menor de edad[15],
completamente desnuda, que arrastra consigo los horrores de la guerra; o en los
desnudos que presentan los textos médicos o la publicidad de productos creados
para la población infantil (pañales, toallas húmedas, cremas, etc.)
De igual modo, no constituyen pornografía las imágenes de
niños en poses simplemente sugestivas, pues resulta imposible predicar que
proyectan algún tipo de conducta sexual explícita, real o simulada, cuando se
trata tan solo de una persona en una postura específica que ni siquiera exhibe
de manera escueta sus genitales. Lo anterior, a pesar de que el material que
las contiene pueda destinarse a la activación sexual de alguna persona o grupo
de personas (los pederastas, los pedófilos), sin que tal eventualidad
justifique considerar ilícita tal producción, ante la posibilidad y casi
seguridad, de que a esas personas, sexualmente atraídas de preferencia o
exclusivamente por los niños, imágenes incluso no sugestivas en las que
aparezcan menores de edad, pueden resultarles suficientes para hallar el camino
de la excitación sexual.
Desde esta perspectiva, cualquier intento de represión
resultaría inútil, pues, en últimas, esos observadores con la sola idealización
o representación mental que hagan de su objeto de deseo (un niño o niña),
estarían en posibilidad de alcanzar la excitación sexual, lo cual implicaría
desnaturalizar el derecho penal, al sancionar, no las acciones humanas que
lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos, sino las fantasías e
intenciones sexuales de algunos sujetos en particular.
Lo anterior, sin dejar de reparar en los problemas que la
criminalización de esas imágenes generarían frente a la libertad de expresión y
al derecho a escoger profesión u oficio, al dar cabida a un concepto tan amplio
(subjetivizado) de la pornografía, pues téngase en cuenta la enorme influencia
que en la sociedad moderna ejercen disciplinas como la publicidad y el
modelaje, actividades que producen de forma incesante materiales (videos,
fotografías, catálogos, etc.), que en ocasiones representan menores de edad, en
poses que según se estila en ese medio profesional, bien pueden considerarse
sugestivas, provocativas, pero que en todo caso, carecen de contenido sexual y
tampoco están concebidas para generar la excitación sexual, con independencia, se
repite, de que puedan ser utilizadas por algunas personas con ese particular
propósito.
Todo intento de sancionar la producción de esa forma de
expresión, derivaría en una prohibición de exceso, principio que, recuérdese,
concibe los derechos fundamentales como límites sustantivos del poder punitivo
del Estado, racionalizando su ejercicio, de manera que sólo la utilización
medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a proteger los
derechos y libertades es compatible con los valores y fines del ordenamiento[16].
El anterior análisis halla soporte en disposiciones de
algunos instrumentos internacionales y en lo previsto para la materia en el
ordenamiento nacional, pues según señala el Protocolo Facultativo de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta
de Niños la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía[17], la
pornografía infantil es “toda representación, por cualquier medio, de un niño
dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda
representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente
sexuales”, definición que, se reitera, adoptó el ordenamiento patrio en el
Decreto 1524 de 2002.
De igual modo, se refleja en la normativa aplicable en el
contexto europeo, según lo establece el Convenio del Consejo de Europa para la
Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso sexual (Convenio
de Lanzarote 2007), en virtud del cual las partes contratantes se
comprometieron a tipificar como delito las conductas intencionales de:
producción de pornografía infantil, oferta o puesta a disposición de pornografía
infantil, difusión o transmisión de pornografía infantil, adquisición para sí o
para otro de pornografía infantil, posesión de pornografía infantil, y el
acceso a pornografía infantil con conocimiento de causa y por medio de las
tecnologías de la información y la comunicación; Instrumento que en el artículo
20-2 establece que: “A efectos del presente artículo, por pornografía infantil
se entenderá todo material que represente de forma visual a un niño manteniendo
una conducta sexual explícita, real o simulada, o toda representación de los
órganos sexuales de un niño con fines principalmente sexuales.”
De lo que viene de verse, la Corte precisa que el
ingrediente normativo representaciones reales de actividad sexual, del artículo
218 del Código Penal debe: i) entenderse como asimilado al concepto de
pornografía; ii) la cual corresponde a imágenes o representaciones de conductas
sexuales explícitas; y iii) dirigidas a provocar excitación sexual.
Así mismo, debe precisar que en cuanto la norma alude a representaciones reales, exige que las imágenes o las figuras contenidas en el
material, deben ser de personas verdaderas. Dicho de otro modo, imágenes reales de personas menores de 18
años. Lo anterior, por cuanto el sujeto pasivo amparado por dicha norma es,
precisamente, toda persona menor de 18
años que, con perjuicio de sus derechos, sea utilizada en la elaboración,
por cualquier medio, de registros pornográficos.
En este aspecto, nuestra legislación difiere de las que
amplían el concepto de pornografía, al material elaborado especialmente por
medios informáticos, en el que se manipula las imágenes de manera que a los
protagonistas, siendo personas mayores de edad, se les da la apariencia de
niños, o incluso penalizan el material que revela personajes ficticios, que
asemejan a reales, realizando comportamientos sexualmente explícitos. Por
consiguiente, en acatamiento de los principios de legalidad y estricta
tipicidad, sin que haya lugar a extender la norma a aspectos no contemplados
previamente por el legislador, las siguientes modalidades de pornografía no son
punibles en el ordenamiento nacional: i) la pornografía infantil técnica, en la
que intervienen personas que no tienen la condición de ser menores de edad,
pero que aparentan serlo, bien porque físicamente parecen tales, o porque
mediante recursos tecnológicos se les da esa apariencia; ii) la
pseudopornografía, en la cual se insertan fotogramas o imágenes de menores
reales en escenas pornográficas en las cuales no intervinieron realmente, lo
cual significa que no fueron abusados; y iii) la pornografía infantil
artificial, en la que intervienen menores creados a partir de un patrón irreal,
ya sea por dibujos o animaciones de todo tipo, es decir, no representan a un
ser humano con existencia real.
En estos casos, en tanto no interviene una persona menor de
edad como sujeto pasivo de los abusos propios de la pornografía infantil, no
hay comportamiento típico del punible descrito por el artículo 218 del Código
Penal, de manera que las representaciones de actividad sexual allí descritas,
carecen de realidad, teniendo en cuenta que en ellas no participaron, en forma
directa, real o cierta, personas menores de 18 años.
Por consiguiente, el ingrediente normativo de las representaciones
reales de actividad sexual con personas menores de 18 años, alude a la
iconografía en la que participan seres humanos con edad inferior a la señalada,
desarrollando conductas sexuales explícitas tendentes a producir excitación
sexual”.
[1] “En
los tipos penales en blanco, también denominados de reenvío, la conducta no se
encuentra definida íntegramente por el legislador, sino que es preciso acudir a
un precepto del mismo ordenamiento o de otro, a fin de precisar con nitidez su
contenido en punto de realizar el proceso de adecuación típica, amén de
establecer, entre otros factores, por ejemplo, la conciencia de la
antijuridicidad, razón por la cual, no se viola el principio de reserva cuando
el legislador señala los elementos básicos para delimitar la prohibición y
remite a otras instancias el complemento correspondiente, siempre que este sea
claro y permita establecer sin equívocos la conducta punible y su sanción.” Ver
CSJ SP 12 Dic 2005 Rad. 23899, Corte Constitucional C-605-06
[2] “El
concepto de pornografía, dominado por el relativismo, presenta enormes
dificultades de concreción y delimitación, debido, en gran medida, a que se
halla impregnado de connotaciones morales, filosóficas, sociológicas y de
indudables prejuicios de los que no resulta fácil sustraerse. En cualquier
caso, es preciso tratar de delimitar sus contornos, necesidad ineludible que ha
conducido a la doctrina científica y jurisprudencial a proponer las más
variadas definiciones. Algunas de éstas, de inclinación moral, fijaron su punto
de apoyo en la concepción social de la decencia e indecencia sexual; otras
sostuvieron que lo decisivo en el concepto de pornografía es que ésta
manifiesta de forma falsa y desfigurada la realidad sexual. También encontramos
definiciones, más filosóficas que jurídicas, tendentes a situar el centro de
gravedad del concepto de pornografía en el atentado contra el ideal humano de
la sexualidad, por su carencia de toda referencia interna y espiritualidad,
convirtiendo al sujeto en un mero objeto
sexual…
La
inaceptable extensión de los conceptos que se han propuesto de la pornografía
ha provocado, en muchos casos, la desesperación de los juristas, que han
tratado de introducir elementos
correctores no siempre muy afortunados. Quizá el error ha sido la búsqueda de
un concepto abstracto, omnicomprensivo, válido de una vez para siempre en todos
los ámbitos del saber. Actualmente la doctrina especializada tiende a
considerar que resulta conveniente, desde una perspectiva menos ambiciosa,
tratar de proporcionar un concepto esencialmente jurídico, que, sustraído en la
medida de lo posible de inferencias filosóficas, morales, etc… sea válido para
el derecho penal; en definitiva, un concepto eminentemente pragmático que,
tomando en consideración los fines y objetivos que deban alcanzarse (entre
ellos certeza y seguridad jurídica), sea útil y operativo en el ámbito del
derecho penal.” De esta opinión, Félix María Pedreira
González, citado en el texto “Concepto de Material Pornográfico en el Ámbito
Penal”, de Enrique Orts Berenguer /Margarita Roig Torres. Universitat de
València (www.uv.es/recrim/recrim09/recrim09i01.pdf
[3]
Más acertada resulta la denominación de pornografía
con personas menores de 18 años, como quiera que del delito pueden ser
víctimas no solo los infantes, sino toda persona que no haya alcanzado esa
edad.
[4]
Véase el texto Pornografía infantil e internet de Fermín Morales, catedrático
de derecho penal. Ponencia presentada en
las Jornadas de Responsabilidad Civil y Penal de los Prestadores de Servicios
de Internet (Barcelona 22 y 23 de noviembre de 2011).
[5] Las siguientes referencias, no literales, se toman del
texto “El nuevo concepto de pornografía infantil: una interpretación realista.
Revista No. 58 Ene. –Mar. 2017. Miguel Ángel Boldova Pasamar. Universidad de
Zaragoza
[6]
El artículo en referencia cita de la legislación de ese País, Ley 49 de modificación del Código Penal para
la transposición de la normativa europea sobre Derecho Penal Sexual, del 21 de
enero de 2015; y §§ 184b y 184c
[8] “Etimológicamente,
la palabra pornografía proviene de
los términos griegos porne
(prostituta) y grafo (escribir), por
lo que pornografía significaría escritura
acerca de las prostitutas. Este significado, que aún persiste y constituye
una de las acepciones del término, no es, sin embargo, el habitualmente
utilizado. Según el Diccionario de la RAE, por pornografía se entiende: 1.
Presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación; 2. Espectáculo, texto o producto
audiovisual que utiliza la pornografía; y 3. Tratado acerca de la prostitución. El empleo habitual del término
pornografía obedece a la segunda acepción de la palabra, puesta en relación con
la primera. En este sentido, pornografía será el espectáculo, texto o producto
audiovisual que utiliza la presentación abierta y cruda del sexo para buscar
producir excitación sexual.” Véase el texto La Pornografía Infantil como
Especie de la Pornografía en General”, texto de la profesora Myriam Cabrera
Martín, en Cuadernos de Política Criminal, Número 121, I, Época II, mayo 2017.
[9]
La autora mencionada en la cita anterior, identifica como notas
tradicionalmente asociadas al concepto de pornografía, además del contenido
sexual y de la búsqueda de la excitación sexual (verdaderos elementos
configuradores del término), los componentes de ausencia de valor social,
carácter deshumanizante, el propósito lucrativo y vocación de difusión, y el
carácter ofensivo.
[10] En
el Congreso de la República cursa el Proyecto de Ley 58 de 2017 por medio del
cual se aprueba el Convenio sobre Ciberdelincuencia, aprobado el 23 de
noviembre de 2001, en Budapest. En la exposición de motivos, se consigna lo
siguiente: “En la actualidad, el Convenio de Budapest ha sido firmado por 45 de
los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. De ese grupo, 35 lo han
ratificado. Estados no miembros del Consejo de Europa, como Australia, Estados
Unidos, Japón, la Isla Mauricio, República Dominicana y Panamá, son Estados
Parte del Convenio. Además, más de 24 países han sido invitados a adherirse al Convenio,
por lo que en el momento se encuentran adelantando el proceso de ratificación
interna en este sentido. Por su parte, el
11 de septiembre de 2013, Colombia fue invitada por el Consejo de Europa a
adherirse al Convenio de Budapest, gracias a las gestiones del Gobierno
Nacional encaminadas a contar con instrumentos jurídicos y de cooperación
internacional para enfrentar de forma efectiva el delito cibernético. El término establecido para formalizar la
adhesión es de 5 años por lo que solo hasta el año 2018 Colombia tiene la
posibilidad de aceptar dicha invitación.” Negrilla fuera del texto.
[12] Este catálogo reúne las formas de pornografía blanda y
dura. La segunda refiere las formas más extremas de la pornografía, debiéndose
incluir en ella la infantil; de manera que para los efectos de esta decisión
carece de relevancia la distinción entre esas dos categorías.
[14]
José Luis Díez Ropollés. Exhibicionismo, pornografía y otras conductas sexuales
provocadoras, citado por Orts Berenguer /Roig Torres, en El Concepto de
Material Pornográfico en el Ámbito Penal.
[17]
En este Instrumento, los Estados Partes, entre otros motivos, manifestaron la
“profunda preocupación por la práctica difundida y continuada del turismo
sexual, a la que los niños son especialmente vulnerables ya que fomenta
directamente la venta de niños, su utilización en la pornografía y la
prostitución.” De igual modo, se mostraron preocupados por la disponibilidad
cada vez mayor de pornografía infantil en la internet y otros medios
tecnológicos modernos, y recordaron la Conferencia Internacional de Lucha
contra la Pornografía Infantil en la Internet (Viena, 1999), particularmente
las conclusiones, en las que se pide la penalización en todo el mundo de la
producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión
intencional y propaganda de este tipo de pornografía, circunstancia que motiva una
colaboración y asociación más estrecha entre los gobiernos y el sector de la
Internet.
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